La experta en seguridad en Ecuador, Carla Álvarez, consideró este jueves que la violencia creciente en la nación suramericana tiene causas multifactoriales y urge atenderlas si se quiere solucionar el problema de raíz.

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La especialista valoró que entre ellas destacan el incremento del crimen trasnacional vinculado al narcotráfico, el debilitamiento de la institucionalidad y el abandono de políticas públicas y de prevención, en particular hacia los jóvenes.

También mencionó el manejo de la seguridad desde una perspectiva más política y menos técnica, lo cual dejó a un lado el enfoque en parámetros sociales, la atención a este tema a través de equipos de gobierno que no lo manejan profundamente, así como retrocesos en la administración de justicia, en la dotación de equipamiento para policías y guías penitenciarios,  y la sobrepoblación de las penitenciarías.

En ese sentido, señaló que la intervención de las Fuerzas Armadas, equivalente a la aplicación de mano dura, quizá traiga un poco de quietud a la población en el corto plazo, pero ello no fortalece la institucionalidad ni apunta a la depuración de las autoridades ni del sistema de justicia.

Recalcó que esas transformaciones, a largo plazo, permitirán atender las causas profundas de la situación de violencia actual, pues colocarán al Estado en condiciones de aplicar  políticas públicas, leyes y programas sociales.

Recordó que el sistema de justicia soluciona un bajo índice de casos, razón por la que una cifra significativas de privados de libertad hace frente a meses en prisión sin acusación formal o fallo judicial condenatorio. Urgió a que se modifique el sistema de clasificación de los reos y el sistema penitenciario cuente con instalaciones modernas y menos saturadas.

Precisó que el país sufre un incremento de la tasa de homicidios desde el año 2017 hasta la fecha, registrándose 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en el 2023, según fuentes policiales.

Antes de ese periodo el país presentó mejor situación, resultado de un trabajo institucional integral, enfocado en las causas y no en las consecuencias. Específicamente durante el mandato del presidente Rafael Correa (2007-2017), la tasa de homicidios bajó a 5.78, una de las más bajas de la región latinoamericana.

Asimismo, se constataron importantes transformaciones en el sistema de administración de justicia. Según el Ministerio Coordinador de Seguridad, los juicios sin sentencia se redujeron del 65 por ciento en 2008 al 34 por ciento en 2015, y la caducidad de la prisión preventiva disminuyó de 2.061 a siete casos en los mismos años.

Se considera que durante ese periodo se trabajó en un Plan de Seguridad Ciudadana que potenció el modelo descentralizado de prestación de servicios, inversiones en infraestructura, mejora del perfil de talento humano, así como compra de vehículos, equipamiento y comunicaciones para seguridad, entre otras medidas.

Sin embargo; en muy corto tiempo, en el 2019, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes ascendió a 6.9, aumentando en 2020 a 7.8., y para el 2021 era de 13.9, el doble con relación a los últimos dos años.

Dicho aumento coincidió con el inicio de las masacres carcelarias, que en 24 meses dejaron más de 400 prisioneros asesinados. Mientras, en el 2022, el indicador casi volvió a duplicarse, colocándose en 25.6.

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